El robo a la Fiscalía de Instrucción V no solamente pone evidencia una vez más la inseguridad que se padece en Tucumán, sino también la gravedad del hecho de que ni un Poder del Estado como el Judicial se salva, pese a la custodia permanente que posee. Se estima que el episodio ocurrió entre el martes y la madrugada del miércoles en el edificio de avenida Sarmiento y Laprida.

Según se informó, a primera hora de la mañana del jueves, los empleados de la fiscalía hallaron los hierros retorcidos de las rejas de una ventana y los vidrios destrozados de la puerta posterior. Los cacos encontraron las llaves que el fiscal Washington Navarro Dávila suele dejar escondidas en su oficina, forzaron las puertas de los armarios y revolvieron todo. Yacían en el piso expedientes, armas, sobres abiertos, celulares secuestrados, entre otras cosas. Los delincuentes se llevaron además $15.000 en efectivo y algunos expedientes. “La Corte nos tiene desprotegidos”, declaró el magistrado.

El ministro fiscal Edmundo Jiménez señaló que el incidente refleja la precariedad con la que se viene trabajando en Tribunales y por la que reclaman medidas para un trabajo con mayor seguridad. “Pero esto ocurre en Tribunales desde siempre, a veces con más o menos notoriedad. En 2011 se robaron 12 computadoras y hay casos de expedientes, documentación y dinero que se sustrajeron de distintos juzgados; hoy le tocó a la Fiscalía V”, afirmó.

El vocal de la Corte Suprema, Antonio Estofán, cuestionó al cuerpo policial de Tribunales no por la cantidad de sus miembros, sino por las prioridades que le dan a su tarea. Criticó la falta de estrategia para cuidar el edificio, donde se guardan las pruebas de delitos y de las investigaciones penales. “Se precisa una policía que dependa de nosotros, no de las disponibilidades que pueda dar el jefe de Policía, y que entienda que su tarea es la custodia de gente en los Tribunales y de los edificios, y acompañar en las tareas que hagan falta... Necesitamos agentes capacitados para esto específicamente, no para investigar sino para custodiar, que es una cosa totalmente distinta”, afirmó.

Este hecho delictivo pone de manifiesto una vez más las discrepancias que se vienen suscitando desde hace un tiempo en el seno del Poder Judicial y que desnudan la precariedad en que se trabaja en varias fiscalías. La desaparición de expedientes o de parte de ellos no es una novedad en Tribunales; resulta difícil que alguien se haga cargo del supuesto extravío. Los responsables no suelen aparecer nunca. También se cuestiona que la Policía se ocupe de la custodia de los edificios cuando hay numerosas causas contra agentes, lo que se presta a suspicacias de todo tipo.

Es grave que estos actos delictivos se produzcan en el Poder Judicial. Ello habla también de la desprotección de aquellos ciudadanos que han iniciado una causa en Tribunales; ¿qué garantía pueden tener de que sus expedientes o las pruebas no serán sustraídos? La Justicia sigue en la mira de la ciudadanía desde hace tiempo por su deficiente desempeño. Se le reclama celeridad, que no haya impunidad, que se castiguen con rigor los robos y homicidios. Casos como el de Paulina Lebbos, por ejemplo, que han dormido varios años en Tribunales sin que se avanzara en la investigación o episodios delictivos en los que los culpables suelen ser liberados rápidamente son motivos de indignación y contribuyen a que una persona se sienta desamparada y tenga la sensación de que la corrupción también salpica a uno de los máximos poderes del Estado. Sería positivo que se dejaran atrás las internas inútiles y se encararan de una vez por todas las soluciones que demanda la sociedad para que los tucumanos tengan una Justicia imparcial y confiable.